Según informaba esta mañana el Diario SUR, el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha dictado este viernes un auto en el que se acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el jeque Abdullah Nasser Al-Thani, tres de sus hijos (Rakan, Nasser y Nayet) y cinco ex directivos del Málaga Club de Fútbol, investigados por las supuestas irregularidades en la gestión de la entidad deportiva.
En su resolución, la magistrada María de los Ángeles Ruiz González ha dado por cerrada la causa y la instrucción del caso cuatro años después, tras conocerse el informe final del Ministerio Fiscal,, y ha acordado así que el procedimiento siga contra estas nueve personas por si los hechos investigados constituyen delitos de apropiación indebida y administración desleal, ambos con carácter continuado; y otro de imposición de acuerdos abusivos.
La jueza apunta a que existen "indicios racionales" para imputar estos hechos a los acusados. De esta forma, relata los siguientes hechos: "En el periodo de tiempo comprendido entre 2012 y 2019, se han venido dedicando (...) a disponer de distintas cantidades de dinero titularidad de la entidad Málaga Club de Fútbol SAD, todo ello sin causa legítima y con ánimo de injusto y privado enriquecimiento".
La jueza carga también contra los directivos del club. Asimismo, ese escrito que han trasladado a los acusados señala que esas actividades se realizaron "con la connivencia y necesaria colaboración de quienes ejercieron funciones de dirección en la entidad deportiva".
También se ha nombrado a Bluebay, por el caso de la publicidad que tuvo en las camisetas del Málaga CF: "En la primavera del año 2013 la mercantil Bluebay 2000 SL se interesó por la posibilidad de que su logotipo apareciera en las camisetas de los jugadores del Málaga Club de Fútbol SAD en la temporada 2013-2014, tras intercambiar distintos correos electrónicos con los investigados Manuel Novo, Joaquín Jofre y Vicente Casado con vistas a concretar el formato y el precio del patrocinio, se formalizó el 1 de julio de 2013 un contrato en el que Novo y Casado representaban al club y en la que se fijaba como contraprestación el pago de 2.600.000 euros por la mercantil Bluebay que deberían abonarse entre enero y marzo de 2014 en tres plazos de 1.000.000, 850.000 y 750.000 euros, para lo que se libraron los correspondientes pagarés no a la orden, interviniendo también el acusado Roberto Cano como director financiero en la operación, toda vez que la operativa de los pagarés requería comunicación con el Banco emisor con el que el mismo estuvo en contacto. No consta que el club recibiera remuneración alguna por dicho servicio, ni se reclamó el pago de lo debido, lo que supuso un perjuicio económico para la SAD, estando la cuestión actualmente en trámite de reclamación judicial de cantidad" , afirmó la jueza del caso.